Por una democracia real y directa de los pueblos.

El proclamado por las elites europeas como proceso constituyente de la Europa Ampliada realmente no puede ser considerado un proceso democrático, ni por el procedimiento empleado ni por sus contenidos. Este "Tratado Constitucional para la Europa Ampliada" ha sido elaborado después de dieciséis meses de trabajo y aprobado el 13 de Junio 2003 por el pleno de Convención Europea no electa de 105 miembros, asumiendo de hecho el papel de Asamblea Constituyente, lejos del conocimiento de la población, determinando el Tratado propuesto adoptado por consenso a nivel de la Convención, el procedimiento y el calendario para su ratificación. Este Tratado será sometido a enmiendas en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que se inició el día 5 de octubre en Roma y concluirá con la aprobación del proyecto definitivo en la reunión del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 12 y 13 de diciembre Una Convención que incluso se extralimitó en sus competencias¹ al pretender revocar el Tratado de Niza sin contar con mandato alguno para ello. La entrada en vigor de esta nueva legislación, de consolidación del dominación política colonial, esta previsto para el año 2006.

Es un mero Tratado constitucional, elaborado y otorgado por los gobiernos de los estados miembros en una Conferencia intergubernamental. Sin embargo, el barniz democrático que la metrópoli española quiere infundirle a este procedimiento antidemocrático es a través, de una consulta de ratificación en referéndum coincidiendo con las próximas elecciones Europeas. La Constitución Monárquica Española, marco jurídico político de la actual dominación, prohíbe el referéndum vinculante, solo admite el plebiscito consultivo por iniciativa del Monarca o del presidente del Gobierno. En el marco jurídico-político de la metrópoli española, representada por la Constitución Monárquica Española no caben las iniciativas populares para promover reformas constitucionales, o promover cambios en asuntos internacionales o para las leyes orgánicas. Y será un referéndum donde la población desconocerá los contenidos de lo consultado y en caso de que le llegue a sus manos un ejemplar el texto es muy farragoso. Las cuatro partes del proyecto son ininteligibles para el ciudadano no avisado. Resulta especialmente grave cuando el Tratado Constitucional estará por encima de toda legislación estatal española. A nivel europeo y español hay un severo déficit de legitimidad democrática, al tiempo que los ciudadanos no pueden influir sobre ninguna decisión en cualquier ámbito relaciona da con las políticas europeas.

Nuestro pueblo canario en su historia de dominio colonial cuenta con experiencias pasadas en relación a los referéndums. La metrópoli española y sus lacayos locales, nos impusieron esta autonomía administrativa con parlamento de papel² que ni siquiera se atrevieron a realizar una consulta popular sobre la misma ante la simpatía que despierta en estos años en amplios sectores de nuestro pueblo las posiciones del movimiento por la autodeterminación y al independencia; o como fue la convocatoria de la pertenencia a la OTAN, donde el pueblo canario voto no a la integración en esa alianza cívico-militar, dicha voluntad no fue respetada por la metrópoli, y nuevamente a la fuerza, se vulnero la voluntad popular del pueblo canario, en su posición histórica de no alineamiento y de plataforma de paz intercontinental y hoy día, por decisión unilateral de las elites dominantes, nos someten a la política Europea de Seguridad y Defensa (PESD)³ (Radar del Malpaso, Anaga., Montaña del Chachi ..etc) al subordinar la política exterior y de defensa de la UE a través de la OTAN (art. I-40-2) y a la creación de un ejército europeo con "capacidad operacional", contradiciendo la decisión del pueblo canario expresada libremente. Es decir, cuando les interesa no consultan al pueblo canario y cuando nos consultan no respetan su resultado. Imponen siempre a la fuerza su voluntad y sus intereses coloniales, como nos ha ocurrido desde hace mas de quinientos años.

El MPAIAC, como organización de liberación nacional, manifiesta que en el actual marco jurídico español no hay ninguna garantía efectiva que la voluntad democrática del pueblo canario sea respetada. Por ello los patriotas canarios, frente a esta consulta formal promovida, a bombo y platillo⁴ por la metrópoli española, proponemos un referéndum vinculante en el ámbito del Archipiélago Canario que permita la apertura de un proceso constituyente de la descolonización del Archipiélago Canario para el establecimiento de un nuevo marco jurídico político propio. Desde este nuevo marco jurídico político, la nación canaria establecerá libremente relaciones con todos los pueblos del mundo en defensa de sus intereses políticos, económicos, sociales y culturales. Proceso este que no puede realizarse desde el ámbito jurídico de los otorgados Estatutos de Autonomía administrativa⁵ La metrópoli española y sus lacayos en Canarias, no tienen ninguna legitimidad popular, las decisiones cardinales que han sido tomadas en estos últimos veinte años lo han sido bajo el sistema electoral español en canarias, con profundos déficit democrático, reconocidos no solo por nuestra organización sino por los expertos en esta materia en todos los ámbitos⁶, y muy lejos de los principios de la democracia directa⁷ , donde se abandone el raquítico rol de electores, se potencie conscientemente las iniciativas políticas y las jerarquías efectivas de poder. La autodeterminación y el proceso de liberación nacional, en el marco del derecho internacional de descolonización, como históricamente lo ha revindicado el MPAIAC, es el instrumento principal que garantiza la solución pacífica de los conflictos entre pueblos.

Por otro lado, en la época del unílateralismo, del dominio de los intereses económicos sobre las decisiones políticas, de profundos déficit democráticos, de recortes sustanciales en las libertades individuales y colectivas, de profundas reformas neoliberales, de las llamadas guerras o acciones preventivas como criterio de defensa, de la globalización económica y cultural del pensamiento único, de graves amenazas a la naturaleza y la cultura e identidad de los pueblos del mundo, con vastas zonas de exclusión y hambre de los beneficios del estado del bienestar, las elites europeas, y sus dirigentes estatales, en ese esfuerzo de ampliación de los mercados y de homogenización política y cultural, debilitan y eliminan de esta Constitución Europea, la carta de derechos fundamentales⁸ -no interesa que esos derechos sean reclamados en los tribunales y los limita en el Título VII exclusivamente a las leyes de ámbito europeo - y la identidad de los pueblos a través del ejercicio de sus libertades políticas como es el derecho a la autodeterminación y la independencia. En esta Europa que nos proponen solo existe la "ciudadanía europea" y las naciones fundamentadas en su identidad como pueblo no son reconocidas ni tienen ningún tipo de reconocimiento en el derecho constitucional europeo, especial énfasis en su no reconocimiento ha realizado la metrópoli española. Peor aún, dispone en su texto de forma literal el respeto de la identidad estatal de sus miembros, "inherente a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales", "respetando las funciones esenciales del Estado, especialmente las dirigidas a asegurar su integridad territorial del Estado, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad interior". La referencia a los "pueblos" de Europa, que aparecía en el primer borrador discutido en la Convención, ha desaparecido de la versión final, se proclama el respeto a la "integridad territorial" de los estados y con todo ello se quiere impedir cualquier posibilidad de ejercicio del derecho de autodeterminación, reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Ni siquiera se reconoce el derecho a decidir libremente la propia identidad de los ciudadanos en el contexto de la UE, porque el art. I-8-1 impone la doble nacionalidad de los actuales estados miembros y de la Unión.

El significado político de este Tratado Constitucional es que viene a representar un reforzamiento jurídico-político el marco Constitucional Monárquico Español en su dominación colonial hacia el pueblo canario y la hegemonía de los estados nación recortando toda posibilidad legal a los movimientos de liberación nacional. En los trabajos de la Convención que ha elaborado el borrador de la futura Constitución europea ha quedado «bien claro» que la UE es una unión de estados y que son éstos los únicos sujetos de derecho y que entre los socios de la Unión Europea hay una «voluntad declarada» de mantener las fronteras actuales. El Gobierno colonial Español incluso a llegado a vetar la entrada de nuevas naciones producto de procesos de liberación nacional en la UE. Una metrópoli española que a pesar de sus protestas queda muy debilitada en su peso especifico del reparto de poderes dentro de la estructura de la UE⁹. Un Tratado Constitucional que responde plenamente a los intereses y al proyecto de las clases dominantes europeas. Se trata de una ofensiva "global" de las elites políticas dominantes, al servicio de las multinacionales para incentivar la acumulación de la riqueza (Eurozona) y el poder en cada vez menos manos, y para huir hacia adelante de sus propias crisis. Ofensiva que tiene como principal punto de mira -hay que insistir- los marcos estatales de soberanía y códigos de derechos a los que éstos se adscriben, así como las entidades y movimientos de resistencia organizados en torno a ellos. La floreciente corrupción institucional en todos los ámbitos territoriales- y no hablemos del caciquismo institucional en Canarias- y el aumento de la desconfianza ciudadana y del pueblo canario hacia la política y los políticos, perfilan un escenario caracterizado por la crisis de legitimidad institucional, en el mundo y la sociedad que vivimos. La agresividad y la amplitud con que se manifiesta la dominación engendra condiciones objetivas para que se construya la resistencia y la transformación social de nuestra tierra.

La creación del mercado único europeo unificado en las ultimas decadas en el contexto de la globalización económica, con el objetivo de estimular la competencia interna, ha favorecido políticas con ingredientes socialmente desfavorables como son la desregulación, la privatización, la flexibilización de los mercados laborales y los recortes de los presupuestos públicos bajo la garantía de una mayor eficacia en la gestión. EL mercado europeo esta bajo el control de un cada vez mas pequeño numero de megaempresas, la concentración del poder económico y político ha alcanzado un nivel que pone cada día en peligro la democracia y las libertades políticas. La presencia de los lobby en Brúcelas, los sistemas de toma de decisiones de la UE complejos y a menudo no muy democráticos, la corrupción política y el espionaje, hacen de la democracia representativa un sistema cada vez mas formal y sin poder real de control sobre las decisiones reales de un país. Estos intereses económicos son los que piden mas poder para Brúcelas para extender su poderosa influencia sobre la política comercial y militar. Para evitar el silencio de los pueblos y de la ciudadanía, -cada vez con menos poder de ocultamiento debido las consecuencia en la economía familiar de la política de la moneda única- Europa crea los fondos estructurales para las regiones mas desfavorecidas, siendo estas compensaciones gestionadas por sus lacayos, quienes han comido de sus comisiones a un lado y otro del Atlántico.

En este contexto histórico, el Tratado Constitucional de la UE, promueve el reforzamiento de esta influencia del poder económico sobre el poder político, introduce una excesiva ideologización en los contenidos de su articulado al mantener todos los fundamentos de las políticas neoliberales, al limitar las libertades políticas y el no reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por todas estas razones, el MPAIAC, hace un llamamiento a todos los patriotas canarios, para denunciar el actual Tratado Constitucional de la UE, tanto por su contenido como por su proceso de elaboración y aprobación, y exigir a los organismos internacionales, nuestra restitución como pueblo y nación al cometerse un nuevo crimen contra nuestros derechos nacionales, al querer asimilar nuestra identidad como pueblo a un marco estatal de carácter jurídico-político. El MPAIAC garantizará el mas absoluto respeto a su integridad territorial, dentro del espacio marítimo terrestre sobre el que se despliega su soberanía (12 millas de bases rectas, siguiendo la configuración general del Archipiélago, a partir de ellas, 188 millas de ZEE y la mediana con los países vecinos). No reconociendo ningún acuerdo bilateral o multilateral en contrario suscrito por empresas, estados, etc. EL MPAIAC promoverá el control democrático de la economía canaria (control de evasión de impuestos de las multinacionales, restricciones estrictas sobre el flujo especulativo de capitales, tasas sobre las transacciones financieras internacionales, transparencia de las actividades políticas de las multinacionales...fomento del poder del consumidor individual en la compra de productos de nuestra nación.. etc) la regulación progresiva de los mercados, mejora de las condiciones sociales, las oportunidades de empleo, la defensa de nuestro espacio aéreo y marítimo como fundamento económico y fronterizo de nuestra nación, y frente al ecologismo de libre mercado opondremos el desarrollo de una sociedad democrática y sostenible, capaz de garantizar el futuros de las generaciones presentes y futura. Esta posición política sobre el Tratado Constitucional de la Europa Ampliada" no es una posición antieuropeísta por principios sino esta determinada en función que la misma sirva a los intereses generales del pueblo canario.